UNA MIRADA AL BRASIL DESDE EL PUNTO DE VISTA LIBERAL

Escribí este ensayo destinado al público hispanoamericano, con motivo de mi participación como miembro do Instituto Liberal de Rio de Janeiro, en el balneario de Punta del Este, Uruguay, en el hotel Enjoy, en el Latin America Liberty Forum 2023 (23 y 24 de Marzo), en un momento en el que la carrera hacia el estatismo y el socialismo se está volviendo moda, a lo largo y ancho de la América Latina [Cf. Vélez, 2017]. Creo que la mejor forma de combatir esta pandemia ideológica que nos amenaza, es la utilización del antiguo punto de vista iluminista, que consiste en proyectar la luz de la razón sobre los hechos y las coyunturas por más amenazadoras que se nos presenten, a fin de defender nuestra libertad. Sólo la inteligencia, iluminando con determinación las circunstancias y los embelecos ideológicos, nos permitirá vernos libres de las fantasías autoritarias y totalitarias.

Haré un breve análisis de la situación brasileña, siguiendo la metodologia monográfica adoptada por la sociología de Silvio Romero (1851-1914) y de Francisco José de Oliveira Vianna (1883-1951), quienes formularon las líneas maestras de la “Sociología Culturalista”, a partir de la influencia recibida de Frédéric Le Play (1806-1882) a fines del siglo XIX [cf. Vianna, 1920]. Esas líneas matrices fueron puestas al día por Antônio Paim (1927-2021) y Francisco Martins de Souza (1925) en sus obras História das ideas filosóficas no Brasil, de Paim (ya con seis Ediciones entre 1967 y 2020) y O culturalismo sociológico de Alcides Bezerra, que constituyó la tesis de maestría en pensamiento brasileño defendida em 1978 por Francisco Martins de Souza, en la Pontifícia Universidad Católica de Rio de Janeiro.

Siendo fiel al carácter monográfico enseñado por los amigos Paim e Martins de Souza, me detendré, en esta exposición, en la variable política, dejando para otra oportunidad la profundización en las variables económica y cultural.

Desde el punto de vista político, el fenómeno que se destaca es que la formación del Estado en Brasil no siguió el camino que Max Weber (1864-1920) definía como propio de la Europa Occidental: el modelo contractualista [cf. Weber, 1944, v. 4]. En virtud de que se trataba, en este caso, de sociedades altamente diferenciadas en clases con intereses divergentes y por el hecho de haberse gestado su organización en la secuencia de las prácticas de la negociación heredadas del feudalismo de vasallaje, los Estados surgidos en la modernidad, en el panorama europeo occidental, asumieron la forma de un “contrato social” establecido entre las clases en pugna. Este hecho dió origen al moderno parlamentarismo, como forma de mantener el equilibrio entre las clases rivales [cf. Weber, 1944, vol. I y 4].

El estado brasileño, en la modernidad, asumió, por el contrario, la forma que se propagó en los límites de la Isla Europea, en donde la herencia asiática hizo que los Estados se formaran a partir de la hipertrofia de un poder patriarcal original, que ensanchó su poderío doméstico sobre personas, territorios y cosas extrapatrimoniales, pasando a administrarlos como patrimonio o herencia de familia. Surgieron así, gracias al influjo del “despotismo oriental” aprendido por los cristianos con los sarracenos y con la “Horda Dorada” de Gengis Khan (1162-1227), en el Principado de Moscú y en la Península Ibérica, Estados familísticos, con clases indiferenciadas que pasaron a formar parte, por cooptación, al rededor del centro del poder, de un amplio territorio administrado de modo patriarcal como propiedad familiar del gobernante. Así, el rasgo que definió esta modalidad de Estado fué el de un espacio en donde el poder era gerenciado, de modo paternalista, como bien de familia. La principal dificultad en ese tipo de organización social siempre fué la de distinguir lo público de lo privado. Justamente esta es la esencia del Estado Patrimonial del que somos herederos [cf. Wittfogel, 1977].

La Monarquía brasileña fué trasladada de Portugal para tierras americanas em 1807, cuando se realizó la ocupación de la Península Ibérica por las tropas de Napoleón Bonaparte (1769-1821), bajo el comando del general Junot (1771-1813) y de José Bonaparte (1768-1844), que sería coronado como Rey de España por su hermano. En la decisión estratégica de la Corte de Lisboa obró, como fuerza profunda, la determinación de la Corona Portuguesa tomada a lo largo del siglo XVII, de trasladar la capital del reino para una de sus Islas (las Azores, o la Isla de la Madera) o para alguna de las ciudades de la Colonia Americana, el Brasil, caso ocurriera la invasión de Portugal por una fuerza extranjera. Esto se haría para garantizar la sobrevivencia de la Monarquía lusa y la identidad colonial de las tierras conquistadas fuera del Continente europeo. Así, cuando las tropas de Junot entraron en territorio portugués en 1807, la Corona de Lisboa se estableció, con la Reina Doña María Primera (1734-1816) y teniendo como Regente a su hijo el Príncipe don João (1767-1826), en tierras brasileñas, transitoriamente primero en Salvador de Bahía y después, en 1808, y de forma definitiva, en Rio de Janeiro [cf. Lima, 1996; Pedreira y Costa, 2008].

Después del Congreso de Viena, realizado em 1815 con motivo de la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo, en junio de ese año, el Príncipe Regente portugués organizó el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves (1816-1822), con la finalidad de centrar la administración de la Corona en Rio de Janeiro. El proyecto de don João, que fué secundado por sus ministros Silvestre Pinheiro Ferreira (1769-1846) y Rodrigo de Souza Coutinho (1755-1812), consistía en dar los primeros pasos en dirección a la substitución del modelo de Monarquía Absoluta por el de Monarquía Constitucional, creando, para tanto, el Parlamento, como uno de los órganos del Estado [cf. Paim, 1978; Pinheiro Ferreira, 1976].

Conocemos por la Historia las guerras civiles que acompañaron la mudanza de la Monarquía Absoluta para la Constitucional en las Islas Británicas, a lo largo del siglo XVII, con el protectorado republicano de Oliver Cromwell (1599-1658), primero, y con la minuciosa construcción del modelo constitucional de John Locke (1632-1704), después, en sus Dos Ensayos sobre el Gobierno Civil (1689), con motivo de la “Revolución Gloriosa” de 1688 [cf. Locke, 1973; Guizot, 1997]. El Brasil también tuvo un largo período de transición entre la Monarquía Absoluta y la Constitucional, esta última inaugurada con la proclamación del Imperio establecido en la Constitución Imperial de 1824. Según este documento, la representación de intereses estaba garantizada de una doble forma: los intereses permanentes de la Nación serían representados por el Poder Moderador encarnado en el Emperador, que presidía el Consejo de Estado y nombraba a los Senadores para la Cámara Alta. La Cámara Baja, de los Diputados, era la incumbida de garantizar la representación de los intereses mudables de los ciudadanos [cf. Pinheiro Ferreira, 1976].

El Emperador tenía un instrumento constitucional para garantizar su dominio sobre la clase política y los magistrados: la Guardia Nacional, constituída por 250.000 hombres libres, que hacían cumplir sus determinaciones en toda la extensión continental del Imperio. La mencionada Fuerza Armada representaba la mayor organización preburocrática de hombres libres del Hemisferio Occidental, según las investigaciones realizadas por el sociólogo colombiano Fernando Uricoechea en su obra titulada: O Minotauro Imperial [cf. Uricoechea, 1978]. Digo “organización preburocrática” porque la racionalidad de la organización burocrática pura destacada por Weber fué substituída, en el caso de la Guardia Nacional, por la fidelidad incondicional de los miembros de esa fuerza armada al Emperador. La actitud de los subordinados brasileños era de respeto y miedo al mismo tiempo, frente al paterfamílias, Don Juan VI, que substituyó a su madre como Monarca en 1816 y que tenía una suma enorme de poderes como para disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones, cuando esto se tornase necesario para garantizar la estabilidad del régimen.

El Imperio Brasileño, entre 1824 y 1889, garantizó la estabilidad en el Brasil, de forma semejante a como la Monarquía de Julio bajo Luis Felipe de Francia (1773-1850) aseguró el paso de la República Jacobina y de la Monarquía borbónica para una Monarquía Constitucional estable, entre 1830 y 1858 [cf. Bory, 1972]. François Guizot (1787-1874), el arquitecto de la Monarquía Constitucional Francesa, escribió lo siguiente, estableciendo una semejanza entre la Monarquía de Julio francesa y el Imperio presidido por Don Pedro II (1825-1891), con el ejercicio del Poder Moderador: “Abrid la obra en que el señor Benjamin Constant (1767-1830) representó de forma tan ingeniosa la realeza como un poder neutro, un poder moderador, elevado por encima de los acidentes, de las luchas de la sociedad y solamente interviniendo en las grandes crisis. No es ésta, por así decirlo, la actitud del soberano de derecho en el gobierno de las cosas humanas? Es necesario que haya, en esta idea, algo muy especial que llame la atención de las personas, pues ella pasó con extraordinaria rapidez de los libros a los hechos. Un soberano hizo de esta idea, en la Constitución del Brasil, la base misma de su trono; la realeza es allí representada como un poder moderador, elevado por encima de los poderes activos, como un espectador o un juez de las luchas políticas” [Guizot, 1864: 256].

Destaquemos, en passant, que la mudanza del Estado Absolutista para el Constitucional, en el mundo hispanoamericano, como por ejemplo en México, dió lugar al Estado como “Ogro filantrópico”, genialmente caracterizado por el Nobel de Literatura Octavio Paz (1914-1998), que dió título a la obra que lleva el mismo nombre [cf. Paz, 1983]. Oliveira Vianna caracterizó ese estado de cosas, en Brasil, como una organización familística presidida por un paterfamílias. Gilberto Freyre (1900-1987), a su vez, identificó en ese contexto la organización de la Casa Grande del patriciado rural brasileño, en su conocida obra titulada: Casa grande y Senzala (1933). La primera característica sociológica de tal organización era la de la sumisión de todos al “complejo de clan”, según muestra Oliveira Vianna en Populações meridionais do Brasil, cuya primera Edición data de 1920 y que influyó decididamente en Getulio Vargas (1883-1954), cuando el líder gaucho buscaba diagnosticar el principal mal que aquejaba a la sociedad brasileña: el denominado “complejo de clan”.

Tanto en la Monarquía Constitucional Francesa entre 1830 y 1848, como en el Imperio Brasileño (1824-1889), el tránsito de la Monarquía Absoluta a la Constitucional se dió sin la democratización del sufragio, como sí ocurrió en Inglaterra después de las reformas democratizantes de William Ewart Gladstone (1809-1898). Así, el ciclo monárquico brasileño terminó sin que se hubiera puesto en práctica la plena democratización del sufragio, a pesar de que se dió un paso importante, al final del ciclo imperial, con el primer ensayo para la democratización del voto por la “Ley Saraiva” (que fué puesta en práctica gracias al Decreto nº 3029 de 9 de enero de 1881). No fué posible, sin embargo, que se terminara el trabajo de construcción del sistema representativo, para dar lugar a una República que realmente mereciera ese nombre. La caída del Imperio por un golpe palaciano terminó frustrando esta esperanza. La preocupación con la rectitud del voto y su ampliación a sectores populares fué abandonada por la retórica positivista, que pregonava que “el poder viene del saber, no del voto” [cf. Vélez, 1980].

Durante el ciclo republicano hubo algunas etapas que convendría mencionar:

En primer lugar, la Política de los Gobernadores establecida por Campos Salles (1841-1913) durante su gobierno como cuarto presidente de la República (1898-1902). Según la mencionada Política, la Mesa Directora del Congreso juzgaba si los elegidos en los pleitos podrían assumir su curul. La condición era que se ajustasen a la preservación de los intereses de las oligarquías de los Estados federados. De esta forma, se cerraba la puerta a aquellos candidatos que pretendieran la plena democratización del sufragio. La llamada “República Velha”, así, que tuvo vigencia entre 1898 y 1930, conservó su característica de una República oligárquica, en la que solamente un grupo previamente aceptado por los dueños de los partidos podría representar en la Cámara y en el Senado los intereses de los ciudadanos. Esto dió lugar a la insatisfacción popular y a las llamadas “salvaciones” o intervenciones del ejército (que preservó uma pretendida autoridad moderadora del juego político, sin que tal función estuviera prevista en la Constitución Republicana de 1891) [cf. Paim, 1978].

En segundo lugar, se concretizó la política cientificista implementada, en nivel nacional, por Getúlio Vargas (1883-1954), que asumió el poder en la denominada “Revolución de 30”, que substituyó a la “República Velha” por una dictadura de base positivista, inspirada en el principio de la “solución técnica de los problemas”, con exclusión del Parlamento y su substitución por Consejos Técnicos vinculados a la Administración. Con algunas variantes secundarias, tal dictadura (que contó desde el principio con apoyo militar y que ostentaba el mencionado cariz tecnocrático), se prolongó hasta 1945, siendo que desde 1937 el régimen se reformuló en términos de cuño totalitario, con la dictadura institucional fundamentada en la Constitución de Noviembre de 1937, inspirada en las reformas absolutistas que Benito Mussolini (1883-1945) puso en marcha en Italia [cf. Paim, 1978].

En tercer lugar, sobrevino un interregno democrático en el período de 1946 hasta 1964, marcado por la ascensión de un gobierno de izquierda moderada como el de Juscelino Kubitschek (1902-1976), entre 1956 y 1961. Sucedió a éste un gobierno de derecha con Jânio Quadros (1917-1992), apoyado por la Unión Democrática Nacional (UDN) y que duró apenas 7 meses (febrero - agosto de 1961), debido a la súbita renuncia de Jânio en 25 de agosto de ese año. Sobrevino, entonces, un gobierno de izquierda, con la adopción del sistema parlamentarista, teniendo como presidente a João Goulart (1919-1976), el vice de Jânio Quadros, para completar el mandato de éste, que terminaría en 1964.

En cuarto lugar, transcurrieron los largos 21 años del gobierno militar (1964-1985) después del choque entre los generales y el populista de izquierda João Goulart, que se agravó con la crisis inducida en la jerarquía militar y que se tradujo en la caída de Goulart y el comienzo del régimen militar. Éste enfrentó una fuerte oposición de los sectores más radicales de la izquierda, que condujo a la promulgación de los Actos Institucionales. El régimen militar fué polarizado, a partir de 1964, por una visión cientificista inspirada en el getulismo, mediante un gobierno de fuerza con características técnicas (como el organizado en el primer mandato de Getúlio después de la Revolución de 30) y que se tradujo en lo que podríamos denominar como una forma de “ingeniería política”, que fué tematizada por uno de los cerebros del régimen militar, el general Golbery do Couto e Silva (1911-1987) [cf. Silva, 1981].

Impulsado por este proceso dirigista sobrevino un ciclo de acelerado desarrollo económico, que fué favorecido especialmente por la abundante oferta de recursos financieros en el mercado internacional, a mediados de la década de los sesenta. El Brasil experimentó su transformación en una economía industrial, con altos índices de crecimiento del PIB y con desarrollo substantivo de la industria de base. Sin embargo, como las mudanzas económicas ocurrieron en un contexto de instituciones autoritarias, los resultados no fueron plenamente satisfactorios, especialmente después del primer choque del petróleo en 1973. Desde el ángulo del desarrollo, el régimen militar favoreció el crecimiento del estatismo mediante la creación de múltiples empresas estatales (de 90, existentes em 1964, el Brasil pasó a gerenciar 490 empresas estatales em 1985, que absorbían recursos enormes). Si ese montante de dinero se hubiera transformado en estímulo financiero para el sector privado, se habría dinamizado mucho el mercado, la modernización de la industria y la atención al agronegocio. Paralelamente, el llamado “paquete de abril” (1977) del general Ernesto Geisel (1907-1996), el penúltimo presidente militar, alteró la configuración del Congreso Brasileño, haciendo que los Estados menos desarrollados económica, política y culturalmente, que más dependían de los favores de Brasilia, tuvieran más peso en el Parlamento que los Estados más desarrollados. Ese desequilibrio perdura hasta los días de hoy. Si miramos los congresistas que integram las presidencias de la Cámara y del Senado, vemos que son expresión de la “vieja política” clientelista, que aún se practica en los escondidos sertones del nordeste y de Minas Gerais. Sería necesario un nuevo Pacto Federativo que alterara la configuración de la representación nacional de los Estados, dándoles mayor presencia a las unidades federadas más desarrolladas, desde el punto de vista demográfico y del índice de desarrollo humano [cf. Paim, 1978].

En quinto lugar, tenemos el período de la redemocratización, llamado “La Nueva República”, que se extiende de 1985 hasta los días actuales y en el cual se sucedieron nueve Presidentes, el primero de los cuales fué Tancredo Neves (elegido por voto indirecto de un Colegio Electoral en 1985, mas que falleció antes de tomar posesión), habiendo assumido su vice, José Sarney (quien gobernó entre 1985 y 1990).

Fernando Collor de Mello, el primer Presidente elegido por el voto directo después del ciclo militar, presidió el pais por un corto período (1990-1992), habiendo renunciado antes de terminar su mandato, acusado de corrupción. Itamar Franco, (de la izquierda moderada getulista del antiguo PTB) quien, como vice de Fernando Collor, gobernó entre 1992 y 1995, completando el mandato de éste. Itamar logró um éxito importante, al decretar el “Plano Real” gracias al cual fué controlada la inflación desenfrenada. El mencionado Plan, elaborado por su Canciller y luego Ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso, fué todo un éxito y logró sanear la economia, comprometida por el gasto público desenfrenado.

Fernando Henrique Cardoso capitalizó la popularidad alcanzada con el “Plano Real” y se eligió presidente por el Partido de la Social-Democracia Brasileira, PSDB. Gobernó en dos mandatos consecutivos, entre 1995 y 2003, después de aprobada la reelección presidencial. Le siguió en la Presidencia, como candidato de una izquierda que se mostró inicialmente como moderada, al aceptar cumplir con los pactos internacionales y mantener el control sobre el gasto público, Luiz Inácio Lula da Silva, el cual, a pesar de su origen en la izquierda radical petista, sin embargo logró gobernar como candidato de la izquierda moderada, y ejerció la Presidencia en dos mandatos consecutivos, entre 2003 y 2010. Con todo, en el episodio conocido como “Mensalão” fué acusado de corrupción por haber comprado, con dinero público, el apoyo de parlamentarios para favorecer sus planes populistas [cf. Vélez, 2012].

A seguir fué elegida Dilma Rousseff, candidata apoyada por Lula. Su gobierno se extendió de 2011 a 2016, en dos mandatos consecutivos, mas terminó siendo destituída en un proceso de impeachment, a partir de la acusación de haber procedido de forma irregular con los dineros públicos en las llamadas “pedaladas fiscales” que afectaron a los bancos oficiales. Paralelamente, a lo largo de 2017, Lula fué condenado por la Justicia, acusado de corrupción en el affaire conocido como “Petrolão”, por el hecho de haber recibido dineros significativos de empresas privadas, como la Odebrecht, que prestaban servicios al gobierno y al haber descapitalizado la Petrobrás en oscuros negocios con dictaduras africanas y latinoamericanas (Venezuela y Cuba). Condenado en dos instancias de la Justicia, Lula fué preso el 7 de abril de 2018 y permaneció detenido, como reo condenado, en Curitiba, hasta su liberación por el Ministro Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal, el 8 de noviembre de 2019 [cf. Moro, 2021: 135-195].

Michel Temer, del Partido “Movimiento Democrático Brasileiro” (PMDB), de izquierda moderada, asumió el poder en 2017 en substitución a Dilma Rousseff y gobernó entre 2016 y 2018, completando el mandato de la ex-presidente, con una propuesta de reconciliación y de desarrollo de un plan económico de tipo conservador. Por último, em octubre de 2018, fué elegido un candidato de la derecha moderada, que se afirmó en los multitudinarios movimientos de la clase media contra la corrupción del ciclo lulopetista: Jair Messias Bolsonaro, exmilitar que actuó a los largo de varios años como diputado federal, y quien ejerció la presidencia entre 2019 y 2022.

Reconozcamos algunos éxitos que se lograron en el período de lo que va transcurrido de la Nueva República. Hubo un primer intento de organizar los Partidos Políticos, de forma que correspondieran a propuestas claramente diferenciadas en sus programas de gobierno. Algunos cambios en la legislación partidista estaban dirigidos a lograr este fin, como la adopción de cláusula de barrera, que impedía a Partidos de tamaño insignificante lanzarse a la arena política. Hubo propuestas para que acabaran las denominadas “alianzas de leyenda”, juntando Partidos apenas por las conveniencias que se abrían para los dueños de las agremiaciones políticas, sin llevar en consideración la formulación de propuestas de gobierno que interesaran al electorado.

A lo largo de los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso fué aprobada por el Congreso una legislación que buscaba implantar la responsabilidad fiscal de los Partidos y de los Gobernantes, de manera que se cohibiera la práctica nociva de gastar más allá de lo que se había recaudado y de lo que constaba en el presupuesto.

Con todo, durante los trabajos preparativos para la Asamblea Constituyente de 1987-1988, no fué posible concretizar la propuesta de la adopción del voto distrital, a fin de aproximar a los electores en relación con sus elegidos, haciendo a los ocupantes de cargos colegiados responsables por lo que habían prometido en las campañas, especialmente las destinadas a la elección de representantes Municipales y Regionales. La propuesta presentada en la Comisión de Constitución y Justicia por el Senador José Richa (1934-2003), del Estado del Paraná y perteneciente al nuevo Partido de la Social-Democracia Brasileña (PSDB), que tenía fuerte acogida en el medio parlamentario, terminó siendo boicoteada por un colega de sigla partidista, el Senador Mario Covas (1930-2001), elegido por São Paulo y que tenía fuertes raízes en el “feudo podrido”, del Puerto de Santos, en donde los sindicatos de petroleros y trabajadores brazales lo apoyaban con mucha determinación. La adopción del voto distrital fué rechazada en la Asamblea Constituyente, perdiéndose, así, una oportunidad de oro para garantizar bases firmes a las instituciones del Gobierno Representativo [cf. Paim, 2020; Vélez, 2012].

Un hecho merece ser recordado como característica que ha marcado profundamente a la Nueva República: por primera vez apareció en el panorama político nacional una propuesta de índole totalitaria que pretendía substituir la llamada “democracia burguesa” por una propuesta revolucionaria que tendía a mudar totalmente las reglas de juego una vez conquistado el poder. Hago referencia a Luiz Inácio Lula da Silva (1945-) quien, no obstante el hecho de haber gobernado por dos períodos, entre 2003 y 2010, con la ayuda de una retórica de izquierda moderada, sin embargo siempre cultivó el ideal de “virar a mesa” o sea, de mudar bruscamente el esquema del poder para un socialismo de índole revolucionaria, como el practicado en la antigua Unión Soviética, en Cuba y en las Repúblicas Socialistas dominadas por Moscú. Con la finalidad de dar vida al moribundo comunismo internacional, después de la caída del Muro de Berlín (9 de noviembre de 1989) y un poco antes de la disolución de la antigua Unión Soviética (26 de diciembre de 1991), Lula fundó, junto con Fidel Castro, en São Paulo, en 1990, el llamado “Foro de São Paulo”, que contó, desde sus comienzos, con el apoyo de varios movimientos guerrilleros latinoamericanos, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Antônio Paim fué el pensador liberal que, de manera más contundente y clara, identificó el Partido de los Trabajadores como el gremio político que más fortaleció el Patrimonialismo y la opción totalitaria. Esta caracterización se debió a que fué el Partido de los Trabajadores la organización partidista que optó, en sus programas de gobierno, por el modelo socialista que se practica en Cuba o del que imperaba en la Europa del Este. Este hecho, a lo largo del tiempo, produjo tres efectos negativos: el culto al estatismo, la corrupción y la desarticulación de las instituciones del gobierno representativo. A pesar de que en esa opción arcaica hayan ocurrido avances y retrocesos en el discurso petista, sin embargo lo que queda claro es la preferencia del mencionado partido por un socialismo totalitario, de fuerte carácter cooptativo.

En relación con esta posición, Paim escribió en 2002 en su libro titulado Para entender el PT: “El rasgo común a toda la documentación producida a lo largo de 22 años, consiste en la adhesión a un régimen político semejante al de Cuba, que se denomina tecnicamente como sistema cooptativo. O sea, la escogencia de la élite dirigente se da por medio de la cooptación realizada por los que se encuentran en el poder. A lo largo de la década de los ochenta, el PT dió pruebas de que su propósito consistía en llegar al poder por la fuerza. Trató de crear en el país una situación revolucionaria que le permitiera ‘voltear la mesa patas arriba’ como entonces se decía. Este ciclo terminó prácticamente con el desempeño electoral alcanzado en 1989. La nueva posición quedaría formalizada (...) en el programa de 1994. Se admitía que se pudiera llegar al poder por el voto, pero una vez conquistada la victoria, serían introducidas profundas modificaciones en el sistema representativo, con la finalidad de convertirlo en una ‘democracia popular’, o sea, idéntica al régimen así denominado que tuvo vigencia en el Este Europeo, por el tiempo en que se subordinaba a la Unión Soviética” [Paim, 2002, Para entender o PT: pp. 2-3].

Un joven profesor universitario de origen portugués y fecundo escritor de ensayos de historia de las ideas, Martim Vasques da Cunha, hizo recientemente una caracterización semejante de los ímpetos totalitarios del PT y de sus desdoblamientos en las relaciones de ese Partido con el Supremo Tribunal Federal: “En el seno de esta perspectiva – escribe Vasques da Cunha - el abrazo entre el Supremo Tribunal Federal (STF), con su inclinación para defender un estado autoritario (inclusive con apariencia democrática) y el Partido de los Trabajadores, cuya ideología asesina está en germen desde su fundación, tiene como consecuencia un nuevo monstruo, llamado ‘totalitarismo cultural’. No es un gobierno dictatorial, pero se trata de algo mucho peor; es una forma muy exacta, casi mecánica, de querer alterar lo que reconocemos como el ser humano, modificando lo que siempre supimos por medio de relatos históricos y literarios, como un discurso aparentemente político que resolveria todos nuestros problemas. Y aquí comienzan las contradicciones de este engranaje: para dominar este mismo discurso, los sujetos que viven esta actitud necesitan también dominar nuestra imaginación, o por lo menos los hechos exteriores que son filtrados por ella y después reproducidos por la lengua y por el lenguaje”.

“Es en esta paradoja de lo imaginario – continua Martim Vasques da Cunha – como el totalitarismo cultural trata de impregnarse en los más variados estratos de la sociedad – y de los cuales también se alimenta. A pesar de parecer un sistema cerrado, en verdad él también tiene una ideología extremadamente flexible, que permea no sólo los matices sociales como también los matices más íntimos del ser, al punto de responder a las incertidumbres y a las angustias de la existencia. Repleta de fallas y lagunas que jamás conseguiremos responder a nosotros mismos y a quien amamos, constituyendo así una especie de ‘religión secularizada’, esta ideología, gracias a su encanto hipnótico, hace al individuo amortajar su propia conciencia en un manto que le dan cuando se enfrenta a un mundo en donde sólo el colectivismo tiene vigencia” [Vasques da Cunha, 2023].

Algo totalmente nuevo surgió con las pretensiones totalitarias del PT? Ciertamente no. Lula y su Partido embarcaron en la propuesta del democratismo rousseauniano que, en la modernidad, se transfiguró en regímenes de fuerza, habiendo preparado el camino para los totalitarismos del siglo XX con sus sueños milenaristas y de creación del “hombre nuevo” y de la “religión civil”. Tanto Lenin como Hitler y como Fidel Castro y Lula han sido discípulos de Rousseau (1712-1778), el cual ya había inspirado las grandes Revoluciones Francesa, Rusa y Cubana y había sido el inspirador del mesianismo marxista a la luz del saint-simonismo francés [cf. Rousseau, 1966; Talmon, 1956].

El raciocínio rousseauniano era simple: la felicidad de los hombres en la sociedad depende de la unanimidad de todos al rededor del Magistrado que promulga las Leyes. Primera consecuencia: es necesario acabar con la disidencia en el seno de la sociedad. Los disidentes conspiran contra el orden sagrado de la sociedad que garantiza la felicidad general. Aquellos deben ser expurgados del seno de la sociedad. Hecho ésto, todos pueden organizarse sin conflicto al rededor del Magistrado. Cómo realizar ese trabajo de orden social? Mediante una purificación de los individuos que han sido contaminados por el egoísmo, que los lleva a anteponer su placer individual a la felicidad colectiva. Rousseau pregonaba la necesidad de hacer surgir un “hombre nuevo” que solamente se moviera en función del interés público y que hubiera renunciado previamente a la defensa de sus intereses privados. El orden social perfecto vendría a partir de la irradiación de esa conversión de todos a la defensa exclusiva del interés colectivo. La misión de convertir a los miembros de la sociedad deformados por el egoísmo, estaría en manos de los “puros”, que previamente habían renunciado a la defensa de sus intereses individuales y que tenían carta blanca para “obligar a los demás a ser felices”, haciéndolos abandonar sus proyectos individuales aunque fueran necesarios, en esa tarea de limpeza, los crueles métodos del terrorismo de Estado. Así, la llamada “pureza de intenciones” de los convertidos a la defensa incondicional del Bien Público, sería la mejor garantía de la felicidad de todos. Esas son las tesis fundamentales de Rousseau en su obra titulada El Contrato Social  (1762) [cf. Rousseau, 1966].

Sabemos que Karl Marx [1818-1883] compró completo el paquete redentor ofrecido por Rousseau. Sus discípulos, a la izquierda y a la derecha, hicieron el resto. Tanto el Nacional Socialismo como el Comunismo se alimentan de la misma fuente: el proyecto radical de redención del hombre, mediante el surgimiento del “Hombre Nuevo”, que previamente renunció a la defensa de sus interesses individuales. Ese “Hombre Nuevo”, diría Alexis de Tocqueville (1805-1859), es el que da origen al despotismo de la mayoría, el único camino abierto – diría Rousseau - para la Sociedad ser Feliz [cf. Tocqueville, 1989; Rousseau, 1966]. En el escenario político brasileño, el Partido que adoptó completo el paquete totalitario fué el PT.

Yo personalmente considero que no hubo el “abrazo” del STF con el PT, como origen del actual esquema de governanza totalitaria del Supremo sobre la Nación. La sumisión total ocurrió antes. El PT, que sólo funciona por cooptación de los que adhieren a su causa, promovió durante los consulados de Lula y Dilma, especialmente, la indicación y el nombramiento de sus candidatos totalitarios para ocupar los lugares de los Ministros jubilados, en el Supremo Tribunal Federal, con la ayuda de los cuales subvirtieron el ejercicio de la Justicia, anulando el processo de la Lava-Jato, liberando a Lula de la cárcel y dejando que los cuadros partidistas lo colocaran a él como el candidato que redimiría al Brasil de las sombras de la pretendida “dictadura de la derecha bolsonarista”. Los Cuadros Partidistas, por lo demás, han sido regiamente financiados por el Sistema Republicano con un presupuesto que asciende a la estratosférica suma de 5,8 billones de Reales (aproximadamente 1 billón de dólares!). Es una "democracia" que sale cara, con uno de los Parlamentos más costosos del Planeta y con un montante de dinero absurdo que se abre para la corrupción, habilmente manipulada por los dueños de las siglas partidistas.

Fué un proceso original? Diría que no. Se trató, simplemente, de la aplicación del golpe de la “revolución cultural gramsciana” promovida por los “intelectuales orgánicos” a servicio del PT. El Partido de los Trabajadores engendró y parió, a su imagen y semejanza, al Supremo Tribunal Federal, politizado mediante el proceso electoral (debidamente domesticado por las “viejas” urnas electrónicas que definirían los algoritmos que garantizarían el triunfo calculado del “redentor”) y darían lugar al “nuevo derecho” encontrado en las calles del democratismo.

La pregunta que cabe sería la siguiente: “Los intelectuales orgánicos petistas ya lo combinaron todo con las clases, los estamentos y los individuos de la sociedad brasileña?” A juzgar por el descalabro político, social y económico del gobierno petista en estos primeros cien días, diríamos que las cosas están, para el pretendido Imperio de Lula, más para la perdida Isla de Santa Helena en el helado y remoto Atlántico Sur, que para las primaveriles Tullerías o los oropeles de Versalles.

Conclusión: Nuevos tiempos a la luz del Autoritarismo Instrumental?

No hay duda de que está en ascenso una nueva etapa del “autoritarismo instrumental”, que fué una modalidad de régimen de fuerza con la promesa de implantar una democracia plena, a partir del Poder Ejecutivo hipertrofiado y del Judicial también. Quien formuló esa modalidad de “democratización a la brava” fué el sociólogo Oliveira Vianna, que inspiró no solamente la estrategia modernizadora de Getúlio Vargas, como también el régimen militar.

Las obras del sociólogo fluminense fueron leídas con dedicación por los tenientes revolucionarios de las décadas del 20 y del 30 y por éstos releídas siendo ya generales en el período de 1964 a 1985. Cuando fué dado el golpe de 64, la biblioteca del antiguo ISEB (Instituto Superior de Estudos brasileiros), frecuentada por la intelectualidad de izquierda, fué acogida por la institución que concentró a la intelligentsia militar, la Escuela Superior de Guerra, situada en el bello barrio de la Urca, en Rio de Janeiro. Aún hoy se encuentran las obras de Oliveira Vianna pacientemente anotadas al margen por el general Humberto de Alencar Castello Branco (1897-1967), el primer presidente militar. João Batista Figueiredo (1918-1999), el último general-presidente, definió así y de manera práctica el autoritarismo instrumental, cuando institucionalizó la amnistía y dió partida a la democratización brasileña, después de una dictadura militar que ya duraba 20 años: “Juro hacer de este País una democracia y prendo y rebiento al que se oponga”.

Descartado el Poder Legislativo (que en el entender de Oliveira Vianna había perdido su razón de ser en medio de la corrupción parlamentaria), el sociólogo reconocía que del trabajo conjunto de los otros dos poderes públicos, el Ejecutivo y el Judicial, surgirían las condiciones de libertad civil que permitirían, en el futuro, pensar en la conquista de las libertades políticas de todos los brasileños. Oliveira Vianna identificó, con todo, cuál sería el camino para solucionar eventuales conflictos entre esos dos poderes: un confuso “Consejo Nacional”, integrado por miembros del Tribunal de Contas y del Supremo Tribunal Federal, además de algunos parlamentarios rigurosamente seleccionados. Esse “Consejo” haría las veces de Poder Moderador para resolver conflictos entre los Poderes Públicos [cf. Vélez, 1997: 197-200].

Em medio de la confusión reinante en los grupos de la izquierda petista con motivo del gobierno conservador de Jair Messias Bolsonaro (2019-2022), los estrategas del PT consideraron que era llegado el momento de “poner la mesa patas arriba” dando un golpe preventivo a partir de los Ministros del Supremo Tribunal Federal indicados por Lula cuando había sido Presidente, reforzando ese grupo con algunos simpatizantes de la tesis garantista de que al reo se le deben dar amplios derechos de defensa (condición que habría faltado a Lula cuando fué condenado por la Justicia). Fué en ese raciocínio que se fundamentó la decisión del Ministro Fachin, en el Supremo Tribunal Federal, para anular el proceso contra Lula el 8 de marzo de 2021.

Se siguió una serie de pasos recorridos ágilmente por el Supremo y por el Tribunal Superior Electoral (dependiente del primero), para poner el tren electoral sobre los rieles que conducirían rapidamente a la elección de Lula en el pleito de Octubre de 2022. Con el Presidente Bolsonaro en fin de mandato y silenciado eficazmente por la gran prensa y por el TSE a servicio del candidato de la oposición, se implantó, a partir del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Superior Electoral (a cuyo frente estaba como Presidente el Ministro Alexandre de Moraes) una dictadura científica de facto para defender la idoneidad de los candidatos así como la “calidad técnica” de las urnas electrónicas, que venían siendo cuestionadas por especialistas civiles y militares.

Se siguieron, entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023, varias decisiones tomadas monocraticamente por el Presidente del Tribunal Superior Electoral que se proclamó juez de la defensa de las instituciones democráticas contra las fake news de los bolsonaristas. Esas decisiones después fueron ratificadas por el Plenario del Supremo: prisión y pesadísimas multas, al margen de los ritos legales, de periodistas, empresarios, ciudadanos comunes y parlamentarios, acusados de atentar contra la Democracia, por difundir fake news en las redes sociales de internet; desmonetización de empresas periodísticas digitales y de sus propietarios; cancelamento del pasaporte de periodistas que se habían refugiado en el exterior; prisión de parlamentarios sin seguir los ritos legales, comenzando por la autorización de la respectiva Casa en el Congreso; prisión masiva de ciudadanos que habían permanecido durante meses acampados frente a cuarteles del Ejército en Brasilia y otras ciudades, protestando contra las medidas de excepción tomadas por la Magistratura; prisión de más de 1.700 personas que estaban presentes en la paseata del 8 de enero de 2023, con motivo de la cual ocurrieron serios daños perpetrados contra el patrimonio de la República en el recinto del Congreso, del Supremo Tribunal Federal y en el Palacio Presidencial. Parece que hubo en esa invasión la presencia de activistas infiltrados para destruír el patrimonio público, que ya estaban presentes en el interior de los edificios afectados antes de que llegaran a sus puertas los manifestantes. Parece que hubo criminal incumplimiento de sus funciones de vigilancia por parte de los guardias de esos edificios públicos, así como del Batallón Guardia Presidencial, etc.

Frente a todo esto, el nuevo Congreso aprobó una Comisión Mixta de Inquérito sobre los hechos apuntados, pero el gobierno Lula ha hecho lo posible para obstaculizar la reunión de esa Comisión, inclusive manipulando recursos presupuestarios ya aprobados, retirándoles los fondos correspondientes a los parlamentarios que votaron a favor de la instauración de la mencionada Comisión. Es la vuelta de la práctica de la compra de votos denominada de “Mensalão”, por la cual Lula fué condenado en años anteriores. La salida que tienen los brasileños, hoy en día, es la institucional: apoyar, en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, a la oposición liberal-conservadora que se reforzó substantivamente en las elecciones de Octubre pasado, a fin de cortarle las alas a la imaginación corrupta y estatizante de Lula y colaboradores.

Como decía recientemente Gilberto Kassab (1960-), Presidente del partido Social Democrático (PSD) y uno de los más estrechos colaboradores del actual gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (ex-ministro de Infraesctructura de Bolsonaro), el PT y Lula deben entender que tienen que negociar sus propuestas con la oposición liberal y conservadora, que se ha revigorado. Por este camino, netamente institucional, será posible ponerle coto a las pretensiones estatizantes y corruptas de la izquierda radical. Se abre, por lo tanto, para la sociedad brasileña, una ventana de esperanza que consolidará, sin lugar a dudas, un equilibrio en el juego del poder, que beneficiará, ciertamente, a los conservadores y a los liberales. Al fin y al cabo, las pautas de éstos son formuladas en beneficio de algo que los brasileños aman: la libertad, que Lula ha tentado disminuir con sus propuestas radicales y con su cooptación sobre la Magistratura. La lucha contra la corrupción se ha fortificado en el Congreso brasileño, con la presencia de nuevos miembros directamente comprometidos con esa lucha, como el Senador Sergio Moro y los diputados federales Deltan Dallagnol y Marcel van Hattem. La opinión pública cuenta, así, con un importante camino abierto para hacer triunfar sus pautas liberales y conservadoras.

Por otro lado, no todo son rosas para los que han optado por la izquierda radical en Latinoamérica. Crecen las voces, en el panorama internacional, en pro de un juicio que lleve a la destitución del presidente izquierdista Gustavo Petro en Colombia, por las revelaciones que ha hecho la prensa acerca de las relaciones estrechas del mandatario con grupos de corruptos financiados por el narcotráfico, tanto para su campaña, como para el desarrollo de ambiciosos proyectos estatizantes que benefician a amigos españoles hundidos hasta el cuello en uma corrupción sin límites, que está salpicando al próprio Petro.

Para dejar más débil a la izquierda latinoamericana, sólo falta que el gobierno español autorice, definitivamente, la extradición de “El Pollo” Carvajal para los Estados Unidos, a fin de que preste cuentas de su malsana intermediación para financiar, con los petrodólares venezolanos, a los gobiernos bolivarianos, como los de los peronistas Cristina Kirschner y Alberto Fernández (Argentina), Evo Morales (Bolivia), así como a los partidos de la izquierda radical en España y a los propios gobiernos petistas, incluyendo a Lula, que se habrían beneficiado, según informó la prensa internacional, con los narcodólares bolivarianos [Cf. El Mundo / Europa Press, 26-10-2021; Jornal da Cidade On Line, 12-09-2021].

De todas formas, podemos sacar la siguiente conclusión: las mejores respuestas a las demandas de la sociedad no son las prefabricadas en las usinas de las ideologías totalitarias, mediante pesados esquemas de ingeniería social, que salen caros y son ineficientes, sino las respuestas dadas a la luz del sentido común y de la manutención de las tradiciones caras a las comunidades, como son los caminos escogidos libremente por las sociedades, mediante la libre participación de los ciudadanos, en un esfuerzo de acierto y error que brota de la vida de las democracias, cuando los ciudadanos obran movidos por la defensa de su libertad de pensar.

Tocqueville afirmaba al respecto en El Antiguo Régimen y la Revolución: “(...) Sólo la libertad puede sacar a los ciudadanos del aislamiento en el cual la propia independencia de su condición los hace vivir para obrigarlos a aproximarse los unos a los otros, animándolos y reuniéndolos cada día por la necesidad de entenderse, de persuadirse y de agradarse mutuamente en la práctica de negocios comunes. Sólo la libertad es capaz de arrancarlos del culto al dinero y a los pequeños aborrecimentos particulares, para que perciban y sientan sin cesar la patria por encima y a su lado. Sólo la libertad substituye una vez u outra el amor al bienestar por pasiones más enérgicas y elevadas, suministra a la ambición objetivos más altos que la adquisición de riquezas y enciende la luz que permite ver los vicios y las virtudes de los hombres” [Tocqueville, 1989: 47].

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