
MACUNAÍMA - O HERÓI SEM NENHUM CARÁTER, DE MÁRIO DE ANDRADE, OBRA PUBLICADA EM 1928.
Mi hermana Marisa (1949-2022), fallecida recientemente en Toronto y que optó por vivir en el Canadá desde 1990, me decía en tono de broma, pero con un fondo de verdad: “Tú que eres el intelectual de la familia, emigraste para el país errado. Si te hubieras venido para el Canadá, otra habría sido tu historia”. La verdad en la apreciación de Marisa está relacionada con el tratamento del que goza un ciudadano común en Canadá y en el Brasil. En Canadá, el ciudadano vive más tranquilo. La educación y la salud (incluyendo los remedios) son servicios de excelente calidad, de los que el ciudadano disfruta sin pagar más que los impuestos, que nunca ultrapasan el 25% de sus ingresos. Hay seguridad jurídica. Hay tranquilidad en las calles y plazas de las ciudades. Hay previsibilidad en cuanto a la legislación relacionada con el día a día.
Siempre me ha llamado la atención, en Canadá, la proximidad en que viven los ciudadanos y sus representantes en el Parlamento. Como la base electoral es el voto distrital, estando todo el país dividido en distritos con un número más o menos equivalente de habitantes, los representantes del pueblo en el Parlamento cultivan habitualmente una relación de proximidad con sus representados, que los pueden “impichar” si no están satisfechos con la representación que aquellos dicen ejercer. Es común observar, en las ciudades, la costumbre de los representantes de distritos y regiones (que abarcan varios distritos) de reunirse con frecuencia, en el mall más próximo, con los electores, a fin de prestar cuenta de su gestión, frente a las necesidades prioriatarias de sus “jefes naturales”, los que votaron en ellos. De esa forma, los municipios, las provincias y la federación son controlados de abajo para arriba, no al contrario, como ocurre en Latinoamérica, particularmente en el Brasil, en donde los que mandan en el Congreso son generalmente los dueños de los partidos políticos, que gozan de financiamiento estatal, siendo que las sumas que les corresponden son multimillonarias. El “Fondo Partidário” en el Brasil cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente un billón de dólares. Una suma estratosférica que hace que los partidos funcionen al revés. En lugar de servir a la representación de los intereses de los ciudadanos, aquellos representan los intereses monopolísticos de los amigos del Poder Ejecutivo: la magistratura y la burocracia estatal.
La desgracia de las “democracias latinoamericanas” consiste en que las instituciones no representan a los ciudadanos, sino a los dueños de la máquina pública. Durante algún tiempo, esos “dueños” fueron las oligarquías que mandaban en los parlamentos, o los Presidentes que se amangualaban con la burocracia para extorsionar a los contribuyentes. Así surgieron las primeras dictaduras folclóricas de la América Latina, recordadas en las narrativas sobre los varios populismos que se siguieron intermitentemente a lo largo de los siglos XIX y XX, representadas en el realismo mágico de García Márquez (El otoño del Patriarca), Vargas Llosa (La fiesta del Chivo y La guerra del fin del mundo), Miguel Angel Asturias (El señor Presidente), Domingo Faustino Sarmiento (Facundo, civilización y barbarie en la pampa argentina), Octavio Paz (El ogro filantrópico), Augusto Roa Bastos (Yo el Supremo), Amaro Juvenal (Antonio Chimango). García Márquez, por lo demás, si estuviera vivo, ciertamente caracterizaria al actual gobierno colombiano del ex-guerrillero Petro, que se debate entre la cumbia y el aguardiente, como una aventura más de la “dictadura de siempre”, tentativa que el coronel Aureliano Buendía trató de establecer en la católica Colombia a lo largo de su vida, como genialmente destaca el Nobel colombiano en Cien años de soledad.
La “Revolución Bolivariana” de Chávez dió lugar a una nueva forma de apropiación del poder por parte de una minoria de avivatos, en el seno de una narrativa pegajosa que daría lugar a lo que la conocida periodista española Beatriz Lecumberri llamó “La revolución sentimental”, título de su magnífico ensayo publicado en Caracas en 2012. El dictador venezolano privilegió a los Magistrados de la Suprema Corte, para que legislaran en beneficio de su permanencia indefinida al frente del poder, pagándoles con los dineros abundantes de la venta del petróleo y con los narcodólares provenientes de la continua exportación de cocaína para los Estados Unidos y Europa. De esta forma, Chávez domesticó al Parlamento y a la Corte Suprema de Justicia y pasó a reelegirse indefinidamente, así como su sucesor, Maduro. Venezuela, como Cuba, es hoy un narcoestado.
Recordemos que “El Pollo” Carvajal, el general venezolano, que se encuentra preso en Madrid y que los Estados Unidos quieren extraditar, diseñó la política de inteligencia de Chávez, con la ayuda del servicio secreto cubano. Si “El Pollo” abre el pico, les traerá dificultades a varios gobiernos de la izquierda latinoamericana que fueron financiados por Chávez, comenzando por Lula en su primer mandato. Una anotación curiosa, en passant: la cooptación de la Corte Suprema de Justicia colombiana ya había sido tentada, en noviembre de 1985, por Pablo Escobar, mediante la intimidación armada que liquidó a las ¾ partes de la alta magistratura colombiana, en la violenta tomada del Palacio de Justicia. La Corte Suprema había desagradado a Escobar con la tentativa de aprobar la extradición de traficantes colombianos a los Estados Unidos por el delito de introducir narcóticos en ese inmenso mercado. El movimiento guerrillero M-19 (al cual estaba afiliado un idealista joven llamado Gustavo Petro), se encargó del trabajo sucio de eliminar a los magistrados con ráfagas de ametralladora, habiendo sido, el grupo guerrillero, muy bien remunerado por Escobar, el cual quedó satisfecho por haber impedido la extradición a las cárceles estadounidenses de él y sus colegas.
Con la creación, por Fidel Castro y Lula, en 1990, del Foro de São Paulo, ese modelito se extendió a lo largo de la América Latina, comenzando con el Brasil de Lula, siguiendo con la Argentina de los Kirschner, con la Bolivia de Morales, y con los populismos que se establecieron a fines del pasado milenio y a comienzos de éste en Ecuador, Perú, Uruguay (que eligió al ex-tupamaro y marihuanero Pepe Mujica), Paraguay bajo el el báculo del obispo Lugo, y quién diría, Chile con el actual presidente Boric, siendo que la primera tentativa de instaurar el socialismo por el voto había fracasado trágicamente con Allende en 1973.
Con algunas pequeñas variaciones, es el modelo que la izquierda extremista mantiene vivo hoy en día en Latinoamérica, con la finalidad de darle vida al cadáver insepulto del comunismo que murió en Europa con la caída del Imperio Soviético, pero que los comunistas insisten en mantener vivo, apoyados por Cuba, Venezuela y, hoy en día, por el Brasil de Lula, en donde el comienzo de la última etapa del golpe sobre las instituciones fué comandado por el Supremo Tribunal Federal, tomado previamente de asalto por los jueces de tendencia comunista nombrados por Lula en sus dos primeros gobiernos, a los que se sumó el hoy todopoderoso Ministro Alexandre de Moraes, quien dirigió la batuta del golpe contra las elecciones libres, mediante la maciza manipulación de las urnas electrónicas y con una rápida guerra en el terreno de las telecomunicaciones y la midia digital, para apropiarse del control sobre las redes de internet, que con la maciza propaganda fraudulenta via net le dieron el triunfo a Lula, el cual había sido puesto en libertad, meses antes, por la Suprema Corte (después de haber pasado más de 500 días pagando justa condena en la cárcel), para que pudiera disputar el pleito presidencial.
En nuestros países latinoamericanos, especialmente en Brasil, la desgracia ocurre justamente por cuenta de la no existencia del voto distrital. Vale en esta parte del mundo el voto proporcional, que torna imposible la representación, en el Parlamento, de los intereses individuales de los ciudadanos. Las listas para indicar a los candidatos, en las elecciones locales, en las regionales y en las nacionales, no son hechas por los ciudadanos, sino por los jefes partidistas. El financiamiento de las campañas es constituído, por ejemplo, en el Brasil, por un fondo multimillonario, que es abastecido con dinero público, no a partir del financiamiento privado, como ocurre en grandes democracias maduras como la norteamericana. Integradas las Cámaras Municipales, las Regionales y las Federales por candidatos que el elector no indicó, es grande la imprevisibilidad de la legislación emanada de ellas, que afecta el día a día de la gente común. Como resultado de esa separación entre Cuerpos Colegiados y ciudadanos, la legislación emanada de aquellos no lleva en consideración los intereses de los pagadores de impuestos, pero sí las conveniencias de los burócratas que comandan los Partidos. Así, no es de extrañar que los derechos fundamentales sean puestos en tela de juicio en la legislación emanada de los Cuerpos Colegiados, que celan especialmente por la manutención de los privilegios de la corrupta burocracia de la Clase Política, que es comandada por caciques desvinculados de los intereses populares. Esto abre espacio para que sectores de la alta burocracia del Estado avancen en dirección al ejercicio de un poder ejecutivo de fachada, que ellos dominan. Es lo que está aconteciendo hoy en día en el Brasil, en donde la Magistratura del Estado desbordó todos los límites y les impuso a los brasileños una dictadura de la toga sobre su vida diaria, con la aprobación pasiva de los Cuerpos Colegiados.
El juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Superior Electoral (TSE) y miembro de la Corte Suprema de Justicia (STF - Supremo Tribunal Federal) del Brasil es, hoy en día, un dictador, que emite sentencias arbitrarias de prisión contra los que se atrevan poner en duda su autoridad autoconcedida. 43 empresarios tuvieron congeladas sus cuentas bancarias sólo porque protestaron contra las prisiones arbitrarias ordenadas por Moraes, de ciudadanos indefensos que se manifestaban contra el fraude jurídico, que el propio Supremo Tribunal Federal patrocinó en Octubre de este año, para pavimentarle el camino a la presidencia al exmandatario Lula da Silva, que había sido condenado por la Justicia en 2018 a doce años de prisión, por el robo continuado de dineros públicos. Lula salió de la cárcel por orden del Supremo. No contentos con esto, los Jueces de la máxima Corte favorecieron ilegitimamente al candidato Lula, prohibiendo que se hiciera referencia, durante la campaña, a sus crímenes contra el Tesoro de la Nación. Y las urnas electrónicas fueron vergonzosamente manipuladas para garantizarle a Lula la victoria, al final de una campaña que mostró la evidencia de que el electorado prefería al actual presidente Bolsonaro, que buscaba la reelección.
El 7 de Septiembre pasado, por ejemplo, los seguidores de Bolsonaro lograron reunir pacificamente, en comicios a lo largo y ancho del país, a millones de brasileños que ocuparon las plazas y calles de más de 300 ciudades, incluyendo las urbes más pobladas, como Rio, São Paulo y Brasilia. Sólo en estas tres ciudades las manifestaciones reunieron, en cada una de ellas, más de un millón de personas. Rápidamente el Supremo Tribunal Federal prohibió que se hiciera referencia, en la campaña, a estos actos cívicos, vedando inclusive la publicación de las fotos de las millonarias manifestaciones. Era el big brother de Orwell entrando en acción.
Al comienzo de estas reflexiones me referia al Brasil y al Canadá como dos mundos diferentes: en el primero, el ciudadano no vale. En el segundo, es llevado en consideración por las instituciones. Esta diferencia fundamental nos remite a una tipología que fué elaborada por Max Weber, en Economía y Sociedad (1922). Según el sociólogo alemán, dos modalidades caracterizaron al Estado moderno en su configuración: la contractualista y la patrimonial.
Los Estados contractualistas surgieron en la modernidad, allí en donde hubo feudalismo de vasallaje. La esencia del feudalismo es que se trata de um régimen de convivencia contratualista entre dos clases: la nobleza y la burguesía. La primera era la dueña de la tierra a lo largo de la Edad Media y garantizaba la seguridad en las ciudades. La segunda, mediante el contrato de vasallaje, prestaba servicios a los nobles en los feudos y perfeccionaba la producción artesanal, además de enriquecerse con la práctica del comercio entre las ciudades. Estas libertades eran garantizadas mediante las Cartas de Foral que los nobles expedían.
Las sociedades surgidas en ese contexto eran eminentemente contratualistas. La sociedad feudal se fué diferenciando en clases sociales con intereses diferentes. La tradición y el ejercicio de las armas eran defendidos por los nobles. El gozo de las libertades en las ciudades era la reivindicación de la clase burguesa que practicaba el comercio y el artesanato. “Die Stadtluft macht frei”, rezaba el adagio feudal: “El aire de la ciudad hace libre al hombre”. Esta clase burguesa se fué enriqueciendo cada vez más, constituyendo los llamados “hombres buenos” que aspiraban a ejercer su poder, gracias al derecho de hacerse representar en los parlamentos de las ciudades. Con el pasar del tiempo, surgió una tercera clase social, a lo largo de los siglos XVIII y XIX: la de los trabajadores que en el ochocientos se organizaron en sindicatos y que constituyeron el llamado proletariado. El interés fundamental de ellos era el de vender libremente su trabajo y tener una justa remuneración, que garantizase la subsistencia de ellos y de sus familias.
Las sociedades contractualistas dieron lugar al Estado moderno. Este se constituyó mediante un contrato social entre las clases que luchaban por la posesión del poder. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, ocurrieron innumerables revoluciones conducidas por partidos políticos, mobilizados en la lucha por el poder. Así fué como el absolutismo monárquico garantizó el ejercicio del poder por parte de la nobleza y abrió espacio para la lucha de ésta, a fin de mantener sus privilegios frente a la aristocracia. Paulatinamente se fué reforzando la burguesía, de forma que, en los siglos XVII y XVIII, se consolidó el gobierno representativo que le dió cabida, en el gobierno, a la burguesía, al lado de la antigua nobleza. La representación se institucionalizó en el funcionamiento de las dos cámaras que integraban el parlamento: la de los nobles (Câmara de los Lordes) y la de los burgueses (Cámara de los Comunes).
Con el correr del tiempo, a lo largo del siglo XIX, se fué configurando la agrupación de los llamados proletarios, aquellos que, para sobrevivir, vendían al propietario de las fábricas su fuerza de trabajo. Este movimiento fué acompañado por la formación política del nuevo grupo, que pasó a disputar el ejercicio del poder junto a las dos clases tradicionales. Fué así como en Europa Occidental y en las Islas Británicas, se consolidó la representación de los trabajadores en los respectivos partidos, que mediante la práctica de las elecciones llegaron al poder y realizaron las reformas que consideraban esenciales para la sobrevivencia de sus afiliados. Esto sucedió a fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX.
Con todo, en donde no hubo la diferenciación de la sociedad en clases sociales, no se consolidó la representación. Esto ocurrió en los confines de las Isla europea, en el Asia hacia el oriente y en la Península Ibérica hacia el occidente. En esos lugares se consolidó una forma diferente de Estado moderno: el patrimonialista. Este se formó a partir de una autoridad patriarcal original, que ensanchó su dominio sobre territorios, personas y cosas extrapatrimoniales, pasando a administrarlos como propiedad familiar o patrimonial. Este fenómeno se dió en el Principado de Moscú y en la Península Ibérica.
En la América Latina, los varios países heredaron de sus colonizadores ibéricos ese modelo patrimonial o patrimonialista, que llevó a entender la res publica como res privata o cosa nostra, una forma mafiosa de ejercicio del poder que coopta al resto de la sociedad, sin garantizarle a ésta la representación de intereses, ni la clara diferenciación en clases sociales. Como destacó Raimundo Faoro en su obra titulada: Os donos do poder - Formação do patronato político brasileiro (Porto Alegre, 1958) este fué el modelo de Estado que tomó forma en Brasil y en los demás países latinoamericanos. El Estado llegó a convertirse en una instancia más fuerte que la sociedad. La lucha de clases, que era la modalidad sociológica que en Europa Occidental garantizaba la variedad de regímenes y la democracia representativa, no tuvo cabida ni en Brasil ni en los restantes países latinoamericanos, que consolidaron una forma de poder discricionário en el que sobresalen los dueños del poder, el ejecutivo y aquellos sectores sociales cooptados por él. Esta es la modalidad que aún hoy en día frustra las expectativas democráticas de los brasileños y de los demás pueblos latinoamericanos.
La cuestión de la democracia se relaciona, en esta parte del mundo, directamente con la posibilidad de que las actuales sociedades puedan hacer madurar en su seno, una auténtica diferenciación de intereses por los cuales valga la pena luchar, a partir de las expectativas de las clases sociales. Sucede que esa diversificación se ve frustrada por el predominio de instancias de poder total, construídas a partir de los intereses de los dueños del poder, con exclusión de la representación de intereses por parte de otros actores sociales.
Lo que ha sucedido con la imposición actual del modelo de la revolución bolivariana es esto: el Ejecutivo ha cooptado a la Magistratura, a fin de destruir, de forma más rápida, las reivindicaciones de los varios grupos sociales, con la finalidad de que no surja una representación de intereses de parte de las clases sociales que sometan a la oligarquía que ejerce el poder en nombre de todos. Esa utilización de la magistratura por los poderes ejecutivos consolidados, les está garantizando a los líderes de la izquierda populista el dominio incuestionable sobre sus respectivos países.
Es lo que ha sucedido especialmente en el Brasil, en donde la sociedad dió claras muestras de insatisfacción, a partir de 2013, con esa forma oligárquica de ejercicio del poder por parte del Partido de los Trabajadores. Este partido, desde su fundación, dejó claro que el modelo de poder por él pretendido es el de un Estado más fuerte que la sociedad, que se apropie de la riqueza nacional y la distribuya entre sus activistas, pasándole la cuenta al sistema productivo que entra en crisis. Es el mismo modelo que Cuba puso en funcionamiento de forma dictatorial desde los años 60 del siglo pasado. Es el mismo modelo defendido en Venezuela por Chávez y su seguidor Maduro.
Toda la lucha política se concretiza en apropiarse del Estado, poniendo al servicio de la oligarquía “popular” el sistema productivo y la recaudación de impuestos. La lucha es, pues, por el presupuesto de la nación, que no le debe servir a la sociedad, sino a los “dueños del poder”, los líderes del PT y sus acólitos. Hubo a lo largo del gobierno de Jair Messias Bolsonaro que ahora termina, un esfuerzo de inspiración liberal-conservadora, en pro de desmontar la máquina de corrupción que el PT puso en funcionamiento en las últimas dos décadas y que pasó a llamarse “El Mecanismo”, del cual Lula fué el gran líder. Se trataba, para Lula y los petistas, de apropiarse de la riqueza de la Nación, a través del desvio sistemático de recursos de la gran estatal del petróleo, la Petrobrás, que fué colocada toda ella al servicio del robo continuado de dividendos por parte del partido del gobierno, con el apoyo del BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Económico y Social).
Con la prisión de Lula y su condenación por robo continuado contra el Tesoro de la Nación, parecía que se había puesto coto a esa criminal apropiación del poder y de la riqueza. Con Bolsonaro, fué estancada la inflación causada por el robo continuado del PT durante los dos gobiernos de Lula y a lo largo del mandato de su sucesora Dilma, que sufrió impeachment en 2016. Además, disminuyó sensiblemente el desempleo y aumentaron los índices de crecimiento del PIB, especialmente debido al gran salto productivo dado por el Agronegocio, que volvió a colocar la economía brasileña entre las diez más poderosas del Planeta. Con todo, la alegría duró poco: libertado Lula de la prisión por el golpe dado hace más de un año por el Supremo Tribunal Federal y garantizada su elección fraudulenta en octubre de 2022 por el segundo golpe contra las urnas electrónicas, perpetrado por la instancia jurídica máxima (el Tribunal Superior Electoral dominado por el Supremo Tribunal Federal), cayeron por tierra todas las conquistas de la sociedad. El país volvió a quedar rehén del Partido de los Trabajadores y de su eterno líder, Luís Inácio Lula da Silva, que fué elegido fraudulentemente en Octubre de este año y que probablemente tomará posesión como presidente del Brasil el 1º de enero próximo.
Se hará realidad la profecia que genialmente formuló en su clásico Macunaíma, el héroe sin ningún carácter (1928) el gran escritor modernista Mario de Andrade (1893-1945): El Brasil será dominado por el antihéroe que, viniendo de las sombras de la selva misteriosa y profunda, todo lo destruye a su paso por los sertones y ciudades y vuelve, cínico y triunfante, a sumergirse en las sombras de donde nunca debería haber salido.